Exportamos esclavos, pero bien formados

Hay más de 40 millones de esclavos en el mundo. Nunca ha habido tantos, en ningún periodo de la Historia. Lo dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esos 40 millones se reparten en 24,9 millones de personas que realizan trabajo en condiciones de esclavitud, entendido como que se realiza bajo coacción o amenaza; y el resto, 15,4 millones de individuos, las sometidas a matrimonio forzoso.

Del dato escalofriante al dato clamoroso. La esclavitud está globalizada. También se da, y mucho, en los países industrializados, desarrollados, sobre todo en la Unión Europea donde, según las cifras que aporta la OIT, ya convivimos con 1,2 millones de víctimas de esa lacra, el 2,7% del total mundial. Digo yo que será por las economías de escala y nuestro pasado esclavizador y negrero.

Dicen que son 40 millones pero a mí me parece que hay muchos más. Estoy seguro que esta cifra se ampliaría porque seguramente la OIT no contabiliza como tal la esclavitud que se genera a través del paro, el empleo precario y la falta de oportunidades, sobre todo en los más jóvenes.

Ya no hablamos de nuestros índices de paro juvenil, el 40%, el más alto de la OCDE; es que la tasa de temporalidad española (porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años asalariados con contrato temporal) es la más alta de todos los países europeos y se sitúa en 56.4%, muy por encima de la media europea que no llega al 33%.

¿No se está coaccionado y amenazado cuando no se tiene posibilidad de trabajar o, lo que puede ser aún peor, cuando se trabaja y se sigue siendo pobre de solemnidad? ¿O no se vive acojonado cuando se tiene un trabajo precario y un salario de mierda?, con perdón.

Y es que antes, la juventud trabajaba poniendo copas los fines de semana para pagarse los estudios o las vacaciones de verano. Ahora, la profesión de ‘tirar cañas’ a tiempo completo, durante doce horas diarias y por 800 euros al mes es la única salida de muchos postgrados para poder subsistir.

Sí. Hay más esclavos de los que parece. Sus ataduras y cadenas no son tan visibles a simple vista pero ahí están, basta con fijarse un poco más de lo normal. Tienen otra salida: escapar. Los ‘carceleros’, para quitarse responsabilidades, dirán que ha subido el índice de emancipación cuando la realidad es que una parte de nuestros flamantes licenciados habrá huido para currar como camareros por toda Europa mientras comparte un pìso de dos habitaciones con otras seis personas. Exportamos esclavos. Eso sí, con formación universitaria. “Arquitecto, por favor, unas aceitunitas”.

Comunicar para hacer frente a las crisis

Las ONGs son una de las instituciones que cuentan con uno de los índices más elevados de credibilidad y confianza. Su política de transparencia, el código ético, los filtros para la contratación del personal y su capacidad para asumir y depurar responsabilidades son, en buena parte, los baluartes sobre los que se apoyan esos altos niveles de satisfacción por parte de la ciudadanía.

Pero en ocasiones ocurren hechos, como el del escándalo sexual protagonizado por trabajadores de Oxfam en Haiti tras el terremoto de 2010, que ensombrecen la labor de estas organizaciones y, con ellas, la del resto. No parece justo, pero así ocurre.

A escasas fechas del escándalo, en España se han dado de baja 1.200 socios, han descendido las donaciones y se ha tenido que poner en funcionamiento el gabinete de crisis de la organización solidaria. Ruedas de prensa, acciones desde Facebook, Twitter y a través de la página web de Oxfam con el mismo mensaje: “Reforzamos nuestras medidas contra el acoso y el abuso sexual”.

Vídeos protagonizados por el director general, José María Vera, y la directora adjunta y responsable de Recursos Humanos, Pilar Orenes, son los encargados de dar la cara ante la ciudadanía y los medios. De sus redes sociales se cuelgan entrevistas con los medios y las grabaciones con el contenido de las ruedas de prensa donde entonan un mea culpa, expresan su vergüenza por lo ocurrido, y proponen nuevas medidas para evitar que cosas así vuelvan a ocurrir.

El protocolo se repite en todos los escenarios mediáticos. Lo primero, asumir la culpa para, inmediatamente, explicar que se trata de un hecho pasado, acotado y denunciado. La siguiente parte del discurso es aclarar que, desde entonces, la organización ha reforzado sus protocolos de actuación, como la creación de una Línea de denuncia, para afianzar la protección y permitir la delación y la investigación de casos similares.

Para apoyar su discurso dan cifras. Asumen que en estos últimos años este protocolo ha dado lugar a la apertura de más de ochenta expedientes de investigación (con una casuística muy diversa y distintos niveles de gravedad), lo que daría un mínimo porcentaje de trabajadores afectados que se aproximaría al 1,5%.

Luego están las acciones que podrían acometer para evitar este tipo de actuaciones, entre ellas una Comisión sobre malas conductas sexuales, crear una base de datos para evitar la falsificación de referencias por parte de miembros de Oxfam, o la asignación de fondos específicamente dedicados a la protección.

Visto todo esto, lo que sí parece lógico es que las ONGs tengan mayor grado de credibilidad que otro tipo de instituciones. Depuran, toman medidas disuasorias y correctoras, destinan recursos y, sobre todo, dan la cara para aceptar responsabilidades, se ponen en la piel del ciudadano o socio que está siguiendo lo acontecido y le intentan explicar, desde la asunción del deber y el compromiso, cuán importante es su labor y porqué necesitan seguir disponiendo de su apoyo. Un ejemplo que deberían seguir muchos.

Cobrar en función del tiempo que te lean

Acabo de leer un dossier titulado “La comunicación en la Era Blockchain” en el que se describe el final de un modelo de negocio, fallido, sin haber encontrado un sustituto que garantice su rentabilidad. Un modelo, el de la Comunicación en Internet, que siente haber agotado un proceso, el de intercambiar información, para empezar a plantearse otro donde la ‘moneda de cambio’ sea el valor.

La democratización en el acceso a la información fue la parte positiva de esa fase ya extinta pero, a medio plazo, sus peores consecuencias han sido la pérdida de credibilidad, la tendencia a la desconfianza de los públicos hacia las marcas, los medios y sus contenidos, con los daños colaterales (en ingresos por publicidad y ventas, cierre de cabeceras, despidos de profesionales) que ha conllevado.

Los participantes en este dossier proponen o insinúan algunas tendencias vinculadas directamente con esta tecnología, Blockchain, que nació para registrar las transacciones de bitcoins pero que gracias a sus principales características: descentralización, seguridad, inmutabilidad, permite aplicarla a medios de comunicación, agencias o redes sociales.

En el caso de los medios, estaríamos hablando de plataformas formadas por el trinomio usuarios, creadores de contenido y anunciantes. Para que lo entendamos. Un medio que eligiera crear una plataforma Blockchain tendría periodistas que parte de sus sueldos los cobrarían (en criptomonedas) en función del número de lectores y el tiempo que permaneciesen leyendo sus artículos, lectores que valorarían el trabajo de los profesionales y que darían a cada cual su nivel de influencia, reputación y parte de sus emolumentos.

Con respecto a la publicidad, sería posible garantizar al cliente que va a pagar por tiempo de visualización de sus anuncios, y no por clics. Confianza y transparencia como argumentos para garantizar a los anunciantes que solo van a pagar por los anuncios que se consumen, pudiendo tener constancia de dónde se genera el tráfico para poder segmentar datos y hacer sus estrategias.

También podrían crearse medios totalmente independientes, transparentes y libres de injerencias, tanto en los contenidos como en la orientación editorial. De hecho ya existe una plataforma civil de periodismo, llamada Popula, que tiene previsto lanzarse durante este año y que dice querer ser una publicación digital internacional de noticias y cultura alternativa donde cada suscriptor podrá ver de dónde proviene cada céntimo de euro que financie al medio.

Todos estos expertos coinciden en que, con Blockchain, también podrían crearse redes sociales distribuidas que aporten transparencia y participación abierta; donde sea imposible censurar o manipular la información. Unos espacios en donde se pueda comprobar la autoría, bien para reconocer la propiedad intelectual, o bien la responsabilidad sobre cada foto, vídeo o comentario que se vertiese en ellos. Habría que ver cómo afectaría la pérdida de anonimato al conjunto de las redes scciales; por ejemplo a los tuiteros que se amparan en un alias para proteger de forma 'legítima' y lógica sus identidades reales y a los que lo usan para esconderse de forma cobarde mientras tiran la piedra.

Transparencia, seguridad, eficiencia en los procesos transaccionales, identificación de la autoría de los contenidos, control de la repercusión de la publicidad… Está claro que, de cumplirse esta tendencia, los que van a perder y mucho son los negocios basados en la agregación de contenidos (tipo Google News), las empresas de medición de audiencias y clipping, y los medios que no sepan adaptarse e integrar en sus estructuras (tecnológicas, financieras, profesionales) un patrón de esta envergadura. Por cierto, los que hayan llegado hasta aquí leyendo me deben tres euros cada uno. Son los nuevos tiempos.

El lazo de color marrón 'mierda'

Los hay rosas, para el cáncer de mama; rojos, para el SIDA y la droga; morados, para la violencia de género; negros, para el terrorismo; blancos para la paz, y un largo etcétera cromático. Los lazos de colores sirven para mostrar solidaridad por distintas causas y son distintivos reconocidos internacionalmente.

Pero no todos se llevan en la solapa, UGT propone ‘colgar’ de Twitter uno de color marrón para intentar llenar la red social de lazos de esta tonalidad con los que denunciar “la subida de mierda”, palabras literales, con las que el sindicato califica el incremento del 0,25% en la cuantía de las pensiones, porcentaje que el Gobierno ha estimado para este año.

El sindicato ha creado el hashtag, #LazoMarron, para promover una acción consistente en devolver al remitente gubernamental las cartas en las que se informa a los pensionistas de la revalorización de sus ingresos con el mensaje “la subida del 0,25% es una mierda” o enviarlas al sindicato para que las recopile y mande en un gran paquete al Ministerio de Empleo.

Tal y como manifiesta el comunicado redactado por UGT, “tomando como referencia la pensión más habitual (unos 645 euros), el envío de la carta supone un tercio de la subida de un mes (1,62 euros) para un jubilado”.

Pero si la (raquítica) revalorización anual de las pensiones parece un tema problemático, la cuestión de fondo está en la precarización del empleo, el progresivo envejecimiento de la población y la falta de ideas claras para mantener el sistema nacional de pensiones. Eso por no hablar de colectivos concretos como las mujeres, los jóvenes o los autónomos cuyo presente en el mercado laboral hace que su futuro como pensionistas sea aún más crudo que el del resto de los mortales.

Y la luz al final del túnel sigue sin verse porque, dieciséis meses después de su creación, la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, esto es, la reunión de diputados que debe consensuar recomendaciones sobre el futuro de las pensiones, sigue sin acercar posturas en temas tan cruciales como las fuentes de financiación.

Eso sí, se siguen lanzando globos sonda como retrasar la edad de jubilación, tener en cuenta toda la vida laboral, crear nuevos impuestos (a la banca, tasas específicas) u obligar a las empresas a crear fondos de pensiones para sus empleados. Por lo que parece, y si no se toma al toro por los cuernos, seremos muchos los que llevemos el lazo dark brown luciendo de nuestras solapas.

Sócrates fue el primer ‘coach’ de la Historia

“Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo, no hay democracia”. Esta afirmación, que he leído hoy mismo en un comunicado de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), sirve a esta organización para manifestar su rechazo a la propuesta del Gobierno de crear una comisión de control sobre noticias falsas.

La FAPE estima que deben ser el código deontológico y la ética de los profesionales los que se encarguen de cribar la información real del resto y, además, reclama la incorporación al sistema educativo español de la asignatura ‘Periodismo y Comunicación’; una disciplina que permita trasladar las habilidades con las que desarrollar la capacidad crítica. Todo para conseguir discernir entre información y opinión, o detectar -al menos desconfiar-, de esas falsas noticias que finalmente son bulos con los que se pretende manipular a la opinión pública.

Es una petición pertinente aunque, en mi opinión, esa asignatura se llama Filosofía, una materia relegada por la última reforma educativa (el equipo de Wert la convertía en optativa a partir de 2º de Bachillerato, dependiendo de cada Comunidad Autónoma) que desde hace dos años hace que un estudiante pueda terminar bachillerato sin apenas tener contacto con la ‘Teoría de las Ideas’ de Platón y su ‘Mito de la caverna’ con la lucha entre la apariencia (el mundo de los sentidos) y lo real (representado por el conocimiento); la ‘Crítica de la razón pura’ de Kant para averiguar dónde están los límites del conocimiento; averiguar la existencia del hombre de Sartre y Camus, o la prevalencia de la voluntad del ser humano sobre la razón que postulaban Schopenhauer y Nietzsche. Y eso ha pasado en los colegios de Madrid, Galicia, Navarra, Euskadi, Castilla y León, y Castilla-La Mancha.

Como decían algunos de los profesores afectados que clamaban contra esta iniciativa, “la adolescencia es una edad estupenda para hacerse preguntas”, y la filosofía es una llave fantástica para hacerse adultos. Desde los griegos, la filosofía siempre ha representado la conciencia crítica de una época. Ayuda a pensar, a replantearnos todo lo imaginable y a poner en duda el bien y el mal, la justicia, la verdad y la mentira. Y eso sirve para construir mentes abiertas.

Ahora parece que se propone recuperar su obligatoriedad y, dicen, que a aumentar su ‘peso’ en el Bachillerato. De hecho, ya hay acuerdo político. Parece, al menos eso quiero creer, que han entendido que la filosofía enseña a reflexionar, a analizar, a discutir, a trabajar tanto individualmente como en equipo. Adiestra a las mentes a pensar, a formar conciencias, a racionalizar incluso los sentimientos; en definitiva, a ser más libres.

En un mundo como el actual, y al que previsiblemente estamos abocados, lleno de ruido informativo, de voces dogmáticas, con manipulación brutal de contenidos, repleto de altavoces de ‘fake news’, de imposturas, de viralidad de tubo de ensayo creada en departamentos de comunicación, de sensacionalismo, de ocultación de la verdad, de campañas de prestigio y desprestigio… precisamos de algo que nos permita alejarnos de los comportamientos gregarios y nos ayude a pensar, reflexionar y discernir entre lo real, lo falso y lo verídico. Sócrates, el primer ‘coach’ de la Historia lo tenía claro: “No puedo enseñar nada a nadie. Solo puedo hacerles pensar”.

Los 'yayos' del 2050 no tendrán miedo

Por fin estaremos a la altura de Japón. Eso sí, habrá que esperar hasta 2050 y no será para algo excesivamente bueno. En esa fecha -no tan alejada- ostentaremos la segunda mayor tasa de dependencia del mundo, es decir, tendremos más 'yayos' que ningún otro país (excepto los nipones).

Ojo con las cifras, porque son para asustarse: 77,5 de cada 100 españoles serán (seremos) pensionistas, muy por encima de la media, 53,2% de los 35 países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o del 56% de los de la Unión Europea, según los cálculos realizados para mediados de siglo.

Con estos datos sobre la mesa, la mayor parte de los medios de comunicación han coincidido en emplear sus recursos para analizar el futuro de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. De todos ellos me quedo con dos datos, ambos preocupantes. El primero es lo que los economistas llaman tasa de sustitución, esto es, el importe del primer sueldo como pensionista con respecto a lo que se cobraba en activo. Ahora mismo en España está en torno al 80%, muy alto con respecto al resto de Europa.

Lo malo es que ese sueldo con el que una persona comienza su vida en las estadísticas del Imserso no se revaloriza al ritmo del crecimiento real de la economía ni del IPC por lo que, a los pocos años, le cuesta llegar a fin de mes. Y aquí hay que tener en cuenta -el segundo dato-, que la esperanza de vida en España es de 80,3 años, en el caso de los hombres; y 85,6, en el de las mujeres. Para más inri, los analistas esperan que en España esta tasa de sustitución se reduzca sustancialmente en los próximos años hasta alcanzar niveles europeos, en torno al 65%.

¿Qué quiere decir todo esto?, que quiénes no tengan planes de pensiones privados o vinculados a las empresas en las que trabajan lo tienen muy crudo. Éste es el perfil económico del asunto, pero estamos en un blog donde analizamos los mensajes comunicativos. Por eso querría abordar sus otras implicaciones, en este caso las demográficas.

Hasta el momento, los mensajes electorales han ido dirigidos a convencer a los segmentos mayoritarios de la población. El objetivo principal de los partidos políticos es el colectivo formado por hombres y mujeres de entre 30 y 45 años. Luego, de forma residual, se han ido propiciando mensajes específicos para atraer a jóvenes y mayores. Simplificando, a ambos se les pedía su voto a cambio de esperanza y amparo, respectivamente.

Pero si la evolución demográfica se confirma, estos mensajes van a tener que cambiar y los partidos que lo hagan antes y mejor tendrán mucho espacio recorrido. Para 2050, la mayoría de ciudadanos con voto tendrá más de 65 y veinte años de vida por delante (el equivalente a cinco legislaturas). Será un colectivo amplísimo; con alta formación; con un bagaje y una trayectoria vital, social y económica forjados en circunstancias muy difíciles que, presumiblemente, le dará un fuerte carácter reivindicativo.

Los mayores de mediados de siglo no se conformarán con la promesa de una subida raquítica de sus pensiones y es probable que tengan menos miedo al cambio que los pensionistas actuales. En la medida que sus nóminas dependan menos de la solidaridad intergeneracional y más de su capacidad de ahorro y/o de las aportaciones de las empresas, su capacidad de decisión será más libre y, todo esto, propiciará que sean más exigentes, también con sus políticos y sus formas de gobernar.

Pues eso, como decía aquél, la que va a liarse cuando Dios quiera jubilarse y vea que sólo tiene cotizados seis días.

El mensaje de la opresión, de Puigdemont

Cuando se agota la vía del diálogo convencional una de las opciones es trasladar las peticiones a una instancia superior con competencias en el área. Es lo que ha hecho el cesado gobierno de Puigdemont. Agotadas las vías de negociación con Rajoy, su gabinete de crisis optó por internacionalizar su mensaje, trasladando el conflicto más allá de las fronteras, buscando apoyos de países o instituciones supranacionales y nuevos altavoces mediáticos que le permitan justificar sus acciones. Todo ello para propiciar un efecto rebote que justifique sus actos pasados y, de paso, aminore las posibles consecuencias.

El plan no es fruto del azar; por el contrario, obedece a una estrategia bien planificada. El gabinete de crisis elige la capital de Europa, Bruselas, como trampolín y escenario principal. El centro administrativo de la Unión Europa está aquí y, por ello, los principales medios y agencias de información tienen a periodistas desplazados permanentemente con la misión de cubrir la actualidad que se genera.

La capacidad políglota de Puigdemont, capaz de comunicarse de forma fluida en inglés y francés, es esencial para transmitir -en primera persona y sin intermediarios- dos mensajes básicamente: “Derecho de autodeterminación” y “opresión”. Con ellos se pretende influir en el carácter protector y solidario que se intuyen como básicos en la base de funcionamiento de las instituciones europeas y en los ‘citizens’ solidarios con este tipo de causas.

Para conseguirlo, Puigdemont habrá estado disponible (y se habrá ofrecido) a todos aquellos medios de información que quieran oír su mensaje. A fin de cuentas, el conflicto, la huida, una posible ‘represión’, son ingredientes que venden muy bien, periodísticamente hablando.

Si el mensaje que se transmite es parcial y no hay demasiado conocimiento del funcionamiento de la Ley en España no es difícil comprender que a una parte de Europa se le haga raro que un Gobierno democrático no permita convocar unas elecciones o que, incluso, encarcele a los promotores de la misma. Más cuando los suizos y los nórdicos, por ejemplo, disponen de sistemas que les permiten votar sobre un sinfín de cuestiones; o contemplamos la realidad de una Alemania dividida en 16 Estados, cada uno con su propia Constitución. Por eso, no es raro que, si se manejan bien los contenidos a transmitir, se pueda pensar en un posible caso de represión.

¿Lo ha conseguido? Pues, de momento, parece que no. Para conseguir que una estrategia de este tipo tenga éxito es necesario conseguir el apoyo suficiente para que la presión aumente, de tal forma que la parte a la que se pretende convencer o influir, en este caso el Gobierno de Rajoy, no tenga más remedio que renegociar alguna salida aceptable para todos los implicados.

Al final, aunque esto forme parte más de las Relaciones Internacionales que de la Comunicación, las vinculaciones entre países (y sus decisiones) se tornan corporativistas. Se suele cerrar filas ante elementos que pudieran entrañar un peligro para la cohesión. Lo normal es que una mayoría dé su apoyo explícito al Gobierno de España pero, no obstante, la decisión de internacionalizar el conflicto influirá en que se estudien con mucho más cuidado los pasos que se asuman y, previsiblemente, las posibles represalias que se adopten serán menos duras; a fin de cuentas tienen sobre sí el foco de la actualidad internacional.