martes, 10 de abril de 2018

El marketing directo molesto

La verdad es que no sé muy bien quién revisa el cumplimiento de ciertas resoluciones legislativas o quién penaliza su incumplimiento. Me refiero concretamente a dos. Una está fechada en septiembre de 2017, y hace referencia a la decisión del Congreso de prohibir las campañas de publicidad que utilicen como reclamo el eslogan ‘sin IVA’, por el mensaje negativo que los ‘padres de la patria’ creen que traslada implícitamente: “Si te puedes escaquear de pagar el IVA, mucho mejor”.  

Pues bien, yo sigo viendo anuncios en la tele, en Twitter y en las marquesinas de los autobuses blandiendo el mensaje “Aprovecha los días sin IVA”. A las marcas que lo publicitan (algunas muy importantes) parece no importarles la cosa ética del cómo interpretará la audiencia ese claim engañoso y hacen caso omiso a la decisión que, supuestamente, se tomó para evitar malos entendidos acerca del uso publicitario del impuesto sobre al valor añadido.

El otro incumplimiento viene de más lejos y me consta que es mucho más molesto. El pasado mes de enero de 2017 el marketing directo y sin escrúpulos se acotaba, a petición de Bruselas, con la intención de evitar la intromisión vía teléfono, SMS y correo electrónico. Según se decía cuando se hizo pública la noticia,  querían trasladarlo a los 28 países de la Unión Europea para que fuera efectivo, como tarde, el pasado mes de mayo.

La cuestión es que tales medidas no parecen haber servido para evitar llamadas telefónicas al fijo en horas intempestivas, indiscriminadas e imposibles de rechazar. En algunos casos, el ring ring comienza a las ocho de la mañana, parece que no va a parar nunca (dura varios minutos) y cuando descuelgas se corta la comunicación.

Sucede varias veces a lo largo del día y la razón de que no conteste nadie es que la llamada la efectúa una máquina; su intención no es vender nada (todavía), sino establecer los horarios en qué los usuarios atienden la llamada telefónica. No sé siquiera si este tipo de llamadas (sin nadie al otro lado del auricular) está regulada y tiene limitaciones (por ejemplo, las llamadas comerciales tienen que hacerse entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche).

Es de imaginar que el cuore del negocio de las compañías que están detrás de esta acción es confeccionar listas con números de teléfono y horarios en los que la gente está en casa y contesta. Una información por la que las empresas que pretenden vendernos sus productos o servicios pagarán una buena cantidad de dinero. El objetivo es optimizar el proceso de venta y perder el menor tiempo posible en la captación de nuevos clientes.

Luego están aquellas llamadas que nos asaltan a la hora de la comida, de la siesta o que interrumpen la cena entre las ocho y las nueve de la noche. Suelen ofrecerte servicios con operadores telefónicos y, aunque parezcan proceder de números telefónicos con prefijo español, muchas de esas comunicaciones se establecen desde allende de los mares (donde presumiblemente los salarios de quiénes nos llaman serán mucho más bajos). Los horarios serán más intempestivos en tanto en cuanto las llamadas coincidan con la parte inicial o final de las jornadas laborales de las ciudades de origen (localizadas en Sudamérica).

Si miras en Internet y buscas los números de teléfono desde los que te ‘acosan’, se comprueba que hay un montón de ciudadanos que ya se estaban quejando de esta circunstancia antes que tú. No se puede hacer nada para evitarlo. Ni apuntarse a las listas Robinson (estamos hablando de empresas sin ningún código ético que no van a participar voluntariamente de este recurso), ni colgar sin oír al interlocutor de turno, ni escucharle tranquilamente y pedirle, por favor, que respete nuestros derechos ARCO y nos saque de su base de datos.

Habrá que esperar a que alguien con el ingenio suficiente invente algún discriminador de llamadas entrantes (nuestro operador cobra por bloquear números en el fijo) que detecte esas comunicaciones indeseables, las ponga en espera indefinidamente (a ser posible con una música insoportable de fondo) y envíe automáticamente la información de las mismas al departamento correspondiente (oficina del consumidor, oficina de atención al usuario de telecomunicaciones, etcétera) para que les aperciban y multen, según corresponda. ¡Venga, ánimo, inventores!

viernes, 2 de marzo de 2018

Residencias con vistas y 'gay-friendly'

Elisa y Remedios entraron a vivir en la residencia por separado hace algún tiempo. Se gustan, se nota, cada vez pasan más tiempo juntas y las han visto besarse. Han solicitado a la trabajadora social del centro cambiar de habitación para poder vivir juntas y mantener una vida más privada, ya que las habitaciones del centro son todas dobles” (…)

(…) “Algunos de sus compañeros comentan que esto no se puede permitir, que esta relación es una vergüenza, que son lesbianas (‘las tortilleras’, las llaman). La directora teme que se genere un conflicto en el centro y que esto les provoque un mayor rechazo, si se accede que vivan juntas. La normativa no señala nada sobre la convivencia de parejas homosexuales o lesbianas, nunca hasta ahora se había dado un caso así”
.

Este texto no es la letra de una canción inédita de ‘Mecano’. El testimonio, real, forma parte de un documento editado por la Fundación Pilares, en el que se trata de la sexualidad en los centros residenciales, de cómo afecta a los usuarios, a sus familiares, y a los empleados que les atienden. Un tema de interés que muestra la complejidad de mostrar afecto (emocional y/o físico) en un entorno institucional compartido, con espacios comunes donde es muy difícil preservar la intimidad, más cuando la comparten dos personas mayores del mismo sexo.

Si ya existe un grave problema en la sociedad, en general, de incomprensión e intolerancia hacia la homosexualidad (ya no hablemos de la transexualidad), imaginaos si lo trasladamos a un entorno como las residencias o geriátricos, donde la media de edad de sus usuarios es muy elevada y, por tanto, también se presupone que hay una tendencia conservadora mayoritaria (estamos hablando de gente que ha nacido entre los años 40 y 50 del pasado siglo).

Es fácil presuponer los problemas y el rechazo que puede conllevar a los moradores de este tipo de centros el mostrar abiertamente una condición sexual diferente a la hetero. Para intentar evitarlo, la guía sugiere la creación de centros residenciales gay-friendly, como se anuncian algunos hoteles.

Puede ser una opción, aunque no me gustaría que termináramos utilizando Booking.com para buscar residencias geriátricas céntricas, con baño privado, vistas y gay-friendly. La solución real no creo que se encuentre en una nueva oferta (privada) del mercado, a la cual previsiblemente solo podrían acceder los mayores con más renta; debería partir de la iniciativa pública y de su capacidad para trasladar a la sociedad una educación basada en el respeto y la tolerancia. ¿O no?

jueves, 1 de marzo de 2018

Sordos no diagnosticados

La OMS advierte que 400 millones de personas tienen pérdida auditiva. No se lo creen ni ellos. A esa lista habría que sumar a los sordos selectivos, esto es, aquellos que solo oyen lo que quieren y cuando quieren. Por supuesto, muchos jefes (empresarios) y miembros de la clase política, en especial del Gobierno, formarían parte de este colectivo; a los que habría que sumar a un porrón de hijos adolescentes; camareros en hora punta (sobre todo los que atienden las terrazas y barras a la hora del aperitivo), y perros juguetones sin correa en su hora de salida por el parque.

Ah, ya, que los perros no son personas. Bueno, da igual. Para compensar, yo mismo quiero sumarme a esa lista de la OMS porque siento cómo pierdo agudeza auditiva a pasos agigantados. Solo me parece oír bien en las salas de cine equipadas con sistema Dolby sensurround. Y eso que siempre he sido reacio a utilizar cascos para escuchar música.

Nunca he ido al médico a que me hagan una prueba para valorarlo así que estimo que habrá un montón de personas en mi misma situación. Millones de sordos no diagnosticados cuyas contestaciones siempre comienzan con un “¿Cómo dices?”.

jueves, 22 de febrero de 2018

Exportamos esclavos, pero bien formados

Hay más de 40 millones de esclavos en el mundo. Nunca ha habido tantos, en ningún periodo de la Historia. Lo dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esos 40 millones se reparten en 24,9 millones de personas que realizan trabajo en condiciones de esclavitud, entendido como que se realiza bajo coacción o amenaza; y el resto, 15,4 millones de individuos, las sometidas a matrimonio forzoso.

Del dato escalofriante al dato clamoroso. La esclavitud está globalizada. También se da, y mucho, en los países industrializados, desarrollados, sobre todo en la Unión Europea donde, según las cifras que aporta la OIT, ya convivimos con 1,2 millones de víctimas de esa lacra, el 2,7% del total mundial. Digo yo que será por las economías de escala y nuestro pasado esclavizador y negrero.

Dicen que son 40 millones pero a mí me parece que hay muchos más. Estoy seguro que esta cifra se ampliaría porque seguramente la OIT no contabiliza como tal la esclavitud que se genera a través del paro, el empleo precario y la falta de oportunidades, sobre todo en los más jóvenes.

Ya no hablamos de nuestros índices de paro juvenil, el 40%, el más alto de la OCDE; es que la tasa de temporalidad española (porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años asalariados con contrato temporal) es la más alta de todos los países europeos y se sitúa en 56.4%, muy por encima de la media europea que no llega al 33%.

¿No se está coaccionado y amenazado cuando no se tiene posibilidad de trabajar o, lo que puede ser aún peor, cuando se trabaja y se sigue siendo pobre de solemnidad? ¿O no se vive acojonado cuando se tiene un trabajo precario y un salario de mierda?, con perdón.

Y es que antes, la juventud trabajaba poniendo copas los fines de semana para pagarse los estudios o las vacaciones de verano. Ahora, la profesión de ‘tirar cañas’ a tiempo completo, durante doce horas diarias y por 800 euros al mes es la única salida de muchos postgrados para poder subsistir.

Sí. Hay más esclavos de los que parece. Sus ataduras y cadenas no son tan visibles a simple vista pero ahí están, basta con fijarse un poco más de lo normal. Tienen otra salida: escapar. Los ‘carceleros’, para quitarse responsabilidades, dirán que ha subido el índice de emancipación cuando la realidad es que una parte de nuestros flamantes licenciados habrá huido para currar como camareros por toda Europa mientras comparte un pìso de dos habitaciones con otras seis personas. Exportamos esclavos. Eso sí, con formación universitaria. “Arquitecto, por favor, unas aceitunitas”.

viernes, 16 de febrero de 2018

Comunicar para hacer frente a las crisis

Las ONGs son una de las instituciones que cuentan con uno de los índices más elevados de credibilidad y confianza. Su política de transparencia, el código ético, los filtros para la contratación del personal y su capacidad para asumir y depurar responsabilidades son, en buena parte, los baluartes sobre los que se apoyan esos altos niveles de satisfacción por parte de la ciudadanía.

Pero en ocasiones ocurren hechos, como el del escándalo sexual protagonizado por trabajadores de Oxfam en Haiti tras el terremoto de 2010, que ensombrecen la labor de estas organizaciones y, con ellas, la del resto. No parece justo, pero así ocurre.

A escasas fechas del escándalo, en España se han dado de baja 1.200 socios, han descendido las donaciones y se ha tenido que poner en funcionamiento el gabinete de crisis de la organización solidaria. Ruedas de prensa, acciones desde Facebook, Twitter y a través de la página web de Oxfam con el mismo mensaje: “Reforzamos nuestras medidas contra el acoso y el abuso sexual”.

Vídeos protagonizados por el director general, José María Vera, y la directora adjunta y responsable de Recursos Humanos, Pilar Orenes, son los encargados de dar la cara ante la ciudadanía y los medios. De sus redes sociales se cuelgan entrevistas con los medios y las grabaciones con el contenido de las ruedas de prensa donde entonan un mea culpa, expresan su vergüenza por lo ocurrido, y proponen nuevas medidas para evitar que cosas así vuelvan a ocurrir.

El protocolo se repite en todos los escenarios mediáticos. Lo primero, asumir la culpa para, inmediatamente, explicar que se trata de un hecho pasado, acotado y denunciado. La siguiente parte del discurso es aclarar que, desde entonces, la organización ha reforzado sus protocolos de actuación, como la creación de una Línea de denuncia, para afianzar la protección y permitir la delación y la investigación de casos similares.

Para apoyar su discurso dan cifras. Asumen que en estos últimos años este protocolo ha dado lugar a la apertura de más de ochenta expedientes de investigación (con una casuística muy diversa y distintos niveles de gravedad), lo que daría un mínimo porcentaje de trabajadores afectados que se aproximaría al 1,5%.

Luego están las acciones que podrían acometer para evitar este tipo de actuaciones, entre ellas una Comisión sobre malas conductas sexuales, crear una base de datos para evitar la falsificación de referencias por parte de miembros de Oxfam, o la asignación de fondos específicamente dedicados a la protección.

Visto todo esto, lo que sí parece lógico es que las ONGs tengan mayor grado de credibilidad que otro tipo de instituciones. Depuran, toman medidas disuasorias y correctoras, destinan recursos y, sobre todo, dan la cara para aceptar responsabilidades, se ponen en la piel del ciudadano o socio que está siguiendo lo acontecido y le intentan explicar, desde la asunción del deber y el compromiso, cuán importante es su labor y porqué necesitan seguir disponiendo de su apoyo. Un ejemplo que deberían seguir muchos.

viernes, 26 de enero de 2018

Cobrar en función del tiempo que te lean

Acabo de leer un dossier titulado “La comunicación en la Era Blockchain” en el que se describe el final de un modelo de negocio, fallido, sin haber encontrado un sustituto que garantice su rentabilidad. Un modelo, el de la Comunicación en Internet, que siente haber agotado un proceso, el de intercambiar información, para empezar a plantearse otro donde la ‘moneda de cambio’ sea el valor.

La democratización en el acceso a la información fue la parte positiva de esa fase ya extinta pero, a medio plazo, sus peores consecuencias han sido la pérdida de credibilidad, la tendencia a la desconfianza de los públicos hacia las marcas, los medios y sus contenidos, con los daños colaterales (en ingresos por publicidad y ventas, cierre de cabeceras, despidos de profesionales) que ha conllevado.

Los participantes en este dossier proponen o insinúan algunas tendencias vinculadas directamente con esta tecnología, Blockchain, que nació para registrar las transacciones de bitcoins pero que gracias a sus principales características: descentralización, seguridad, inmutabilidad, permite aplicarla a medios de comunicación, agencias o redes sociales.

En el caso de los medios, estaríamos hablando de plataformas formadas por el trinomio usuarios, creadores de contenido y anunciantes. Para que lo entendamos. Un medio que eligiera crear una plataforma Blockchain tendría periodistas que parte de sus sueldos los cobrarían (en criptomonedas) en función del número de lectores y el tiempo que permaneciesen leyendo sus artículos, lectores que valorarían el trabajo de los profesionales y que darían a cada cual su nivel de influencia, reputación y parte de sus emolumentos.

Con respecto a la publicidad, sería posible garantizar al cliente que va a pagar por tiempo de visualización de sus anuncios, y no por clics. Confianza y transparencia como argumentos para garantizar a los anunciantes que solo van a pagar por los anuncios que se consumen, pudiendo tener constancia de dónde se genera el tráfico para poder segmentar datos y hacer sus estrategias.

También podrían crearse medios totalmente independientes, transparentes y libres de injerencias, tanto en los contenidos como en la orientación editorial. De hecho ya existe una plataforma civil de periodismo, llamada Popula, que tiene previsto lanzarse durante este año y que dice querer ser una publicación digital internacional de noticias y cultura alternativa donde cada suscriptor podrá ver de dónde proviene cada céntimo de euro que financie al medio.

Todos estos expertos coinciden en que, con Blockchain, también podrían crearse redes sociales distribuidas que aporten transparencia y participación abierta; donde sea imposible censurar o manipular la información. Unos espacios en donde se pueda comprobar la autoría, bien para reconocer la propiedad intelectual, o bien la responsabilidad sobre cada foto, vídeo o comentario que se vertiese en ellos. Habría que ver cómo afectaría la pérdida de anonimato al conjunto de las redes scciales; por ejemplo a los tuiteros que se amparan en un alias para proteger de forma 'legítima' y lógica sus identidades reales y a los que lo usan para esconderse de forma cobarde mientras tiran la piedra.

Transparencia, seguridad, eficiencia en los procesos transaccionales, identificación de la autoría de los contenidos, control de la repercusión de la publicidad… Está claro que, de cumplirse esta tendencia, los que van a perder y mucho son los negocios basados en la agregación de contenidos (tipo Google News), las empresas de medición de audiencias y clipping, y los medios que no sepan adaptarse e integrar en sus estructuras (tecnológicas, financieras, profesionales) un patrón de esta envergadura. Por cierto, los que hayan llegado hasta aquí leyendo me deben tres euros cada uno. Son los nuevos tiempos.

jueves, 25 de enero de 2018

El lazo de color marrón 'mierda'

Los hay rosas, para el cáncer de mama; rojos, para el SIDA y la droga; morados, para la violencia de género; negros, para el terrorismo; blancos para la paz, y un largo etcétera cromático. Los lazos de colores sirven para mostrar solidaridad por distintas causas y son distintivos reconocidos internacionalmente.

Pero no todos se llevan en la solapa, UGT propone ‘colgar’ de Twitter uno de color marrón para intentar llenar la red social de lazos de esta tonalidad con los que denunciar “la subida de mierda”, palabras literales, con las que el sindicato califica el incremento del 0,25% en la cuantía de las pensiones, porcentaje que el Gobierno ha estimado para este año.

El sindicato ha creado el hashtag, #LazoMarron, para promover una acción consistente en devolver al remitente gubernamental las cartas en las que se informa a los pensionistas de la revalorización de sus ingresos con el mensaje “la subida del 0,25% es una mierda” o enviarlas al sindicato para que las recopile y mande en un gran paquete al Ministerio de Empleo.

Tal y como manifiesta el comunicado redactado por UGT, “tomando como referencia la pensión más habitual (unos 645 euros), el envío de la carta supone un tercio de la subida de un mes (1,62 euros) para un jubilado”.

Pero si la (raquítica) revalorización anual de las pensiones parece un tema problemático, la cuestión de fondo está en la precarización del empleo, el progresivo envejecimiento de la población y la falta de ideas claras para mantener el sistema nacional de pensiones. Eso por no hablar de colectivos concretos como las mujeres, los jóvenes o los autónomos cuyo presente en el mercado laboral hace que su futuro como pensionistas sea aún más crudo que el del resto de los mortales.

Y la luz al final del túnel sigue sin verse porque, dieciséis meses después de su creación, la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, esto es, la reunión de diputados que debe consensuar recomendaciones sobre el futuro de las pensiones, sigue sin acercar posturas en temas tan cruciales como las fuentes de financiación.

Eso sí, se siguen lanzando globos sonda como retrasar la edad de jubilación, tener en cuenta toda la vida laboral, crear nuevos impuestos (a la banca, tasas específicas) u obligar a las empresas a crear fondos de pensiones para sus empleados. Por lo que parece, y si no se toma al toro por los cuernos, seremos muchos los que llevemos el lazo dark brown luciendo de nuestras solapas.